martes, 24 de enero de 2012

Hungría y el liberticidio se topan con la Unión Europea


La semana pasada asistimos a uno de esos momentos en los que las instituciones europeas dan carta de naturaleza a la defensa de la libertad de los ciudadanos. Libertad que siempre debe estar por encima de la voluntad de los gobiernos. Fue en la sede de Estrasburgo, el Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, quien (en un acto sin precedentes) se autoinvitó a intervenir en la Eurocámara, en un intento desesperado de legitimación nacional e internacional, al esperar recibir el apoyo institucional europeo. Erró el tiro, pues recibió un fuerte correctivo, ante unos diputados alarmados por el grado de autoritarismo que emana del nuevo texto constitucional adoptado por el Ejecutivo de Hungría. El correctivo de los europarlamentarios no impide que la Comisión haya sido más dura, si cabe, en un informe en el que exige al gobierno húngaro que modifique las disposiciones constitucionales que atentan contra el Derecho de la Unión Europea.
Es paradójico que una democracia reciente, sucesora del socialismo totalitario, apruebe una Constitución liberticida. Así ha ocurrido en Hungría este 2012, para mayor escarnio país perteneciente a la Unión Europea y con antigua tradición revolucionaria (por ejemplo, contra la URSS en 1956, lo que llevó a un “ablandamiento” del régimen soviético). Con buena intención, el primer texto constitucional de la joven democracia fue concebido para superar las deficiencias de la primera constitución postcomunista, un proceso que se ha producido en todos los Estados miembros ex soviéticos. Por ello, no sorprende que los textos fundacionales de las nuevas democracias se encaminen en la buena dirección, ergo la protección de los derechos de propiedad, la libertad económica, la separación de poderes o la transparencia en el ejercicio del gobierno. Hasta aquí lo que sería un texto constitucional de garantías mínimas. 

El problema es que la constitución propuesta por el gobierno húngaro pretende también incorporar al gobierno en más ámbitos, redefiniendo la naturaleza de algunos derechos, que deberían ser más privados que públicos. Por ejemplo, se da de forma expresa al gobierno la capacidad de regular el acceso a la vivienda, el trabajo, la educación. Y para ello, se justifica la intervención del gobierno en la actividad económica privada, siempre que sea conforme al ambiguo concepto de los “objetivos de la comunidad”. Una frase de este estilo daría manga ancha a posibles futuros gobiernos que desearan intervenir sobre actores privados o el mercado.

La Comisión ha destacado que el texto atenta contra el Tratado de Lisboa (art. 258) en relación con la jurisdicción del TJUE, y que en virtud de ello, podría imponer una multa a Hungría por amenazar a la libertad y la democracia en sentido amplio, tal como recogen los tratados fundacionales. Ese acto implicaría el recurso al artículo 7 del Tratado, al que hasta ahora jamás se ha recurrido para castigar a un Estado miembro, que se considera un último recurso, y que se lanzaría mediante un proceso iniciado en el Consejo de Ministros con el apoyo de un tercio de los Estados.
El afán intervencionista de la Constitución húngara se corona con la mención expresa de poderes de control al Parlamento y al Ejecutivo, mientras que el Tribunal Constitucional quedaría relegado a aspectos relacionados con el derecho a la vida, la dignidad humana, la protección de datos y la libertad de pensamiento. De este modo, el derecho de propiedad -y al uso libre de la propiedad- quedaría amenazado, al no estar expresamente garantizado.
El Primer Ministro, Orbán, además, ha hecho gala de ciertas tendencias autoritarias. Hace más de un año que hubo una encendida polémica en la Red contra Orbán, promovida por periodistas y defensores de la libertad de prensa. En aquel momento no participé con entusiasmo en el debate, porque ese de interpretar una ley ajena es espinoso asunto, máxime no siendo jurista. Pero hay datos reveladores. Freedom House pone en alerta a Hungría en cuanto a credenciales democráticas. Por citar algunos, se ha dotado al gobierno de la capacidad de imponer grandes multas sobre los medios, se ha ampliado el ámbito de expresiones ilegales, se ha creado un órgano gubernamental para controlar a la prensa y cerrar medios, a discreción del gobierno. Además, un informe de la Organización Europea para la Seguridad y la Cooperación lleva alertando de la amenaza contra la prensa libre y asegura que el texto constitucional atenta contra la libertad de expresión
Entre la sociedad civil húngara se están produciendo encomiables movilizaciones, mientras no deja de ser revelador que una de las cuestiones que más ha llamado la atención de la Comisión es la amenaza a la independencia del banco central húngaro, motivo que llevó al FMI a cortar de cuajo la ayuda financiera a Hungría durante el pasado mes de diciembre. Tal vez este elemento haya sido el detonante de la reacción comunitaria, algo que nos hace sospechar la declaración del “súpercomisario” económico, Rehn, quien anunció que la Comisión tomará medidas urgentes contra Hungría por su déficit excesivo, además de retirarle la ayuda financiera que actualmente recibe de la UE. A día de hoy, el gobierno húngaro sigue resistiendo.
Hungría se enfrenta a la amenaza de multas o a la acción del Tribunal Europeo, si no rectifica en el plazo de un mes. Se esperan de la Unión Europea y sus instituciones mucho más que gestos en sede parlamentaria o en informes de la Comisión. Esperamos contundencia en la exigencia de que los Estados miembros garanticen la no intromisión en la vida privada de los ciudadanos europeos y aseguren el respeto a la totalidad de los derechos individuales, baluarte de la prosperidad y de la Europa de ciudadanos libres en la que creemos. Gracias a la Unión Europea, la libertad siempre debe prevalecer sobre la soberanía nacional.