martes, 31 de enero de 2012

Europa, entre castigos e indefiniciones


Enero. Lunes. Huelga en Bélgica. Del Foro Mundial en Davos al Consejo en Bruselas. 

Desde hace tres años, Europa ya no se debate entre los dos clásicos principios contrapuestos de libertad y seguridad, sino que trata de mantener a flote su moneda y la extraña relación de ésta con el mercado. Los sucesivos intentos políticos no atajan la falta endémica de incentivos, sin convencer ni a los propios gobiernos. Menos a los inversores y a los ciudadanos. La doctrina dominante en el acuerdo es el castigo, no el incentivo. Ayer otro Consejo más, para insistir en los términos fijados el nueve de diciembre, aunque oficialmente ya con la salida de Chequia, que opta por subirse al barco del Reino Unido, quedando fuera de este acuerdo.

El pacto institucional no aporta gran novedad y aspira a dar respuesta política a las inquietudes mostradas por los inversores. No se nos puede escapar, no obstante, que el “fiscal compact” se ha bautizado con un engañoso nombre, pues es definido por sus propios artífices como un cortafuegos (el famoso bazuka), que nada tiene que ver con una unión fiscal, ni de jure ni de facto.

La situación sigue así: el contribuyente europeo paga la factura vía impuestos de la irresponsabilidad política en la gestión del dinero público. Gobiernos que dejan la caja vacía y el Estado en ruina económica y moral. El endeudamiento excesivo ya estaba penalizado, para ello existían los criterios de Maastricht desde antes de fundar el euro. Empezaron Francia y Alemania incumpliendo el límite de déficit. Ha habido demasiada transigencia y ¿qué nos hace pensar que en el futuro no se va a transigir de nuevo?

La situación doméstica siempre puede ser la excusa para un gobierno desesperado. Se ha asumido, sin entrar en mayor análisis, que la crisis del euro está directamente relacionada con la deuda soberana y por ende con el incumplimiento de objetivos macroeconómicos.
Datos objetivos al margen, el pacto fiscal estaba en la agenda alemana. El nuevo pacto firmado ayer constituye el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM), que entrará en vigor un año antes de lo previsto, en julio de 2012, con un capital base disponible para salir al rescate en caso de crisis soberanas. Existe un debate sobre cuál debe ser el importe de ese ESM, que actualmente está situado en 700.000 millones de euros, en paralelo al FEEF, que todavía tiene una capacidad de crédito de 440.000 millones.

La paradoja es que ambos mecanismos están concebidos para no ser utilizados nunca. Consciente de la asimetría congénita de las economías europeas, el “fiscal compact” está llamado a estructurar la UE, ergo a dar carta de naturaleza a un mantra: el euro no se romperá. No en vano Merkel inauguró el foro de Davos este fin de semana destacando la solidaridad entre Estados miembros, que se traduce en que unos son austeros, mientras otros producen y otros reciben turistas. El discurso de Merkel fue coronado con un debate abierto entre los ministros de Economía de Alemania, Francia y España, junto con el comisario Rehn.

Los mencionados ministros insistían en Davos y ayer en Bruselas en la importancia del acuerdo institucional y en la relevancia que adquiere la gobernanza económica en la Unión. Además de la retórica sobre la solidaridad de los ministros y jefes de Gobierno, el tratado va destinado a dar credibilidad a la recapitalización de los bancos europeos y poner fin a la incertidumbre sobra las finanzas griegas, algo que se espera baste para que las economías emergentes y el FMI sigan apostando por la divisa europea.

Algunos nos preguntamos dónde queda el método comunitario tras un pacto en que el Parlamento europeo (cámara representante de los 500 millones de ciudadanos de la UE) queda relegado a la categoría de invitado oyente, mientras la Comisión se limita a supervisar la aplicación del Derecho derivado, es decir el Six Pack, paquete legislativo desnaturalizado en la práctica tras el nuevo acuerdo, y que aspira no sólo a garantizar el equilibrio presupuestario de las naciones, sino a superar el método abierto de coordinación y dibujar una gobernanza económica real.


Ante la crítica que surge por sí misma, Merkel se apresura a definir a la Comisión como Ejecutivo y al Consejo como segunda cámara, donde se representan los intereses de los Estados, protegidos a su vez por el Tribunal de Justicia Europeo. Y lo hace sin mencionar al BCE, el gran invitado ausente en esta fiesta.
Curiosamente, el a priori euroescéptico gobierno del Reino Unido ha sido el más partidario de dotar al BCE de capacidad para inyectar dinero en la eurozona, viéndolo como instrumento idóneo para asegurar la estabilidad de la moneda, y así dotar de capacidad de demanda al mercado interior donde los británicos se desenvuelven con cierto éxito.

En cierta forma, Cameron coge el guante de un Sarkozy que siempre fue partidario de los eurobonos y anda ahora en horas bajas, aquejado de una crisis interna de magnitud no calibrada.

Gran sentido común aporta el díscolo premier británico cuando asegura que para esto no hacía falta añadir nueva legislación al acervo comunitario. Alemania no lo ve así, y la doctrina Merkel del “crimen y castigo” se ha impuesto con obstinación. Todas las medidas tomadas en términos de gobernanza económica en la UE hasta el día de hoy se fundamentan en el criterio del castigo y la penalización.
El compromiso de austeridad ha infligido un coste sobre ciudadanos de Irlanda, Grecia, Portugal, ralentizando la economía y no penalizando a algunos de los probables causantes de la crisis de deuda: los gobiernos irresponsables.

Esta revisión del tratado no mejorará la competitividad, ni evitará que haya disparidad de criterios fiscales, ni impedirá que los Gobiernos rescaten a sus entidades bancarias con dinero del contribuyente nacional, a pesar de que los bancos operen en otros Estados miembros, contaminando sus balances con lo desconocido. No es de extrañar que el nuevo documento en forma de Tratado no haya convencido a nadie.
Y aunque el pacto está destinado a animar a los mercados a que confíen en la Eurozona, hay que advertir que sin crecimiento no cesará el miedo de los inversores.

Algo de razón van dando los hechos a los que acusan a Europa de perderse en definiciones, sin ofrecer valor. La Unión Europea impone restricciones, exige, y no ofrece utilidad alguna, no hay compensación por el esfuerzo. El ciudadano no establece condiciones en la relación y a toda velocidad va perdiendo el monopolio de la defensa de sus propios intereses.